Proporcionar a los administradores de los contratos, suscritos por los órganos y entes de la administración pública, información y herramientas que les permitan realizar en forma eficiente y oportuna, el cierre administrativo de estos instrumentos jurídicos conforme a lo señalado en las leyes que regulan la materia cumpliendo igualmente con las formalidades relacionadas con la evaluación de desempeño de los contratistas, evitando con ello,
supuestos generadores de responsabilidad administrativa.